n diciembre de 2012, la Cámara de Diputados de la Argentina aprobó la reforma de la Ley de Trata: aumentó las penas previstas y eliminó la distinción entre prostitución forzada y prostitución voluntaria. Esta reforma no solo respondió a particularidades propias del contexto local, sino también a determinadas discusiones y acuerdos que tuvieron lugar en los espacios transnacionales y supranacionales que impactaron, de manera diferencial, en las políticas de distintos países del norte y sur global. Asimismo, no es para nada desdeñable el papel, alrededor de todo el mundo, de los feminismos abolicionistas, cuyos discursos y conceptualizaciones han servido de insumos para el despliegue de los regímenes anti-trata. Sin dudas, la administración Bush posicionó a escala global el problema de la trata de personas, pero esta campaña y las políticas desplegadas se configuraron de manera singular para cada contexto, por lo que la perspectiva comparada se torna relevante.